sábado. 10.12.2022
ENTREVISTA | MINISTRA DE SALUD COLOMBIA

Carolina Corcho: "El ESMAD ha sido una fuerza regresiva frente a los derechos humanos en Colombia"

Carolina Corcho es politóloga y la actual ministra de Salud y Protección Social de Colombia. Médica psiquiatra, investigadora en Salud Pública y parte de la sociedad civil organizada en Colombia. Preside la Corporación Latinoamericana Sur, ONG integrada por analistas sociales, políticos, económicos y culturales que divulgan sus indagaciones a través de la Revista Sur. Asimismo, es vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, que lucha por la defensa de la salud como derecho fundamental. Corcho posee una nutrida trayectoria: se ha desempeñado como consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Ministerio de Salud y Protección Social y como evaluadora de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También ha sido directora de Participación social, gestión territorial y transectorialidad, y subsecretaria, de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá entre el 2012 y el 2015. Explica para la Revista Transversal el momento histórico por el que atraviesa Colombia. Y es que, por primera vez en su historia democrática, la izquierda podría llegar al Gobierno. 

Carolina Corcho, médica psiquiatra en ejercicio; politóloga e investigadora en Salud Publica y temas Sociales. Presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana | Foto cedida
Carolina Corcho, médica psiquiatra en ejercicio; politóloga e investigadora en Salud Publica y temas Sociales. Presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana | Foto cedida

"No hay país más complejo que Colombia", sentencia Carolina Corcho. Además de que por primera vez en mucho tiempo han coincidido las elecciones legislativas y las presidenciales, su sistema es presidencialista, no parlamentarista, por lo que se escoge al presidente de la República de manera directa. Esta fatídica cita ha sido el 29 de mayo y culmina en segunda vuelta el 19 de junio. Colombia se encuentra en la recta final de un proceso electoral marcado por la polarización política y derivada del proceso de paz. Pero, sobre todo, por un Paro Nacional que no tiene precedentes en la historia reciente del país. En la primera vuelta presidencial el candidato que más apoyos recibió fue, como pronosticaban las encuestas, Gustavo Petro con la coalición progresista del Pacto Histórico. El segundo en obtener más votos fue el empresario de la construcción Rodolfo Hernández, con un estilo inspirado en Donald Trump y nuevo movimiento al que llamó Liga de gobernantes anticorrupción a propósito de estas elecciones. El uno representa al pueblo y la sociedad civil organizada. El otro representa el orden establecido, pero sin el orden establecido, pues ya ha advertido de que será "totalmente independiente" pese a que el resto de candidatos y partidos han manifestado su apoyo a Hernández en el balotaje final. De esta forma, ambos están en un reñido empate de cara a la encuesta definitiva que supone la cita con las urnas del 19 de junio.

Es mucho lo que está en juego después de que, en las elecciones legislativas de marzo, el partido en el Gobierno, el derechista Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2006, 2006-2010), perdiera su mayoría en favor de la coalición izquierdista Pacto Histórico que lidera el político y el ex guerrillero del M-19, Gustavo Petro. Esto se ha debido, principalmente, a "las rencillas internas" de la derecha y a que "no lograron concretar un programa para los colombianos".

Durante toda la carrera electoral el candidato de Centro Democrático, Federico Gutiérrez (Fico), "no ha calado", mientras el del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se ha mantenido primero en las encuestas. No es casualidad que la coalición progresista tenga ventaja sobre el resto de opciones del centro a las derechas.

Colombia tiene que resolver la pobreza, el hambre, el problema de la soberanía y la inseguridad alimentarias, el del campo, el del empleo, las pensiones, la Fuerza Pública y el acceso a los servicios de salud

Con una dilatada trayectoria en las organizaciones de la sociedad civil, Carolina Corcho comenta el clima sociopolítico en el país latinoamericano, la campaña electoral y los problemas estructurales que se han manifestado con más de dos años de crisis sanitaria, económica y social.

El contexto sociopolítico, demandas y movimientos sociales

Sobre la sociedad civil organizada colombiana y su relación con el proceso electoral. ¿Qué propuestas han hecho llegar los movimientos sociales a los candidatos presidenciales?

Lo primero es aclarar el lugar desde el cual estoy hablando: y es desde los movimientos sociales y la sociedad civil (y eso va más allá del Pacto Histórico). La propuesta de reforma de la salud que se ha venido ensayando es iniciativa de diversos movimientos sociales, organizaciones sociales, muchos de ellos adscritos al Pacto Histórico y otros no. Sin embargo, esta ha sido una propuesta acogida por el propio Gustavo Petro, donde él reconoce que es la iniciativa más elaborada y que más identifica los valores democráticos de la coalición progresista. La propuesta fue presentada a todos los candidatos presidenciales, sin embargo, hubo rechazo de las demás campañas, cuando en los movimientos que nosotros trabajamos participa gente del centro político, de la Coalición de la Esperanza: pese a que su candidato presidencial no acoge esta propuesta su base social sí la ha estado trabajando. 

¿Cuáles son esas propuestas?

El libro Agenda de transición democrática. Otra Colombia es posible, es el resultado de varios años de trabajo con la participación de muchos movimientos y organizaciones. En ese libro están consignadas unas propuestas concretas sobre diez temas de transición en Colombia. También fue enviado a todas las campañas, pero quien ha acogido y representa mejor estas propuestas es el Pacto en cabeza de Gustavo Petro, que es quien reconoce con mayor detalle el conjunto de propuestas que allí se han planteado. La primera es la reforma a la policía, que es una reforma de la seguridad, porque en Colombia históricamente la policía depende del Ministerio de Defensa, bajo la doctrina de la Seguridad Nacional del Ejército... Cuando la policía es un organismo cívico, que debería depender de un Ministerio distinto. Todo ello para devolverle su carácter cívico y quitarle el carácter, digamos, similar a las Fuerzas Armadas o al Ejército.

Hay una discusión muy fuerte sobre si acabar con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), en tanto ha sido una fuerza regresiva frente a los derechos humanos

El ESMAD no cumplió su función de ser un aparato cívico del Estado para promover la convivencia y el respeto al derecho a la protesta social. Eso quedó demostrado en el último Paro. En ese libro publicado se hace la discusión sobre cómo los temas de seguridad están encriptados, porque se alega que no son temas que deban ser sujetos al debate público. Y es una política pública en la que deben participar la política y la sociedad civil. 

Dos manifestantes portan una pancarta en protesta contra la violencia policial y del ESMAD frente a un agente del propio Escuadrón Móvil Antidisturbios en Bogotá, Colombia | Foto: Mireia López-Sánchez
Dos manifestantes portan una pancarta en protesta contra la violencia policial y del ESMAD frente a un agente del propio Escuadrón Móvil Antidisturbios durante el Paro Nacional en Bogotá, Colombia | Foto: Mireia López-Sánchez

Poco antes de las elecciones legislativas incursionó en la campaña electoral el comandante del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, para cargar contra el candidato de izquierdas, generando una gran indignación y a la vez posiciones a favor del oficialismo.

Esto nunca había pasado en la historia: que un general interviniera en política contraatacando al candidato Gustavo Petro, y no recibiera ninguna desautorización del presidente Iván Duque, que es la autoridad cívica, sino que, por el contrario, fue respaldado. Eso es muy grave y muy peligroso, sobre todo en este momento, donde Gustavo Petro revela que hay un plan para asesinarlo. Esto hace que de alguna manera él no tenga garantías, porque si el propio Gobierno no es capaz de rechazar una intervención política del Ejército, que tiene el monopolio de las armas, pierde el derecho a deliberar políticamente. Entonces, en Colombia, no se podría deliberar sobre una política pública de seguridad, pese a que ha habido falsos positivos, hay varios altos mandos del Ejército extraditados por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, porque entonces habría una reacción de las Fuerzas Armadas frente a quienes deliberen. En todos los Gobiernos de Colombia se tuvo claro menos en este: ese es el nivel de degradación institucional al que ha llegado el país.

Los falsos positivos es la manera de denominar a un grupo de ex oficiales del Ejército colombiano que reconocieron su responsabilidad en el asesinato de 120 civiles a los que acusó de ser guerrilleros muertos en combates que jamás existieron.

¿Cuáles son las otras propuestas de los movimientos y organizaciones sociales contenidas en el libro Agenda de transición democrática. Otra Colombia es posible?

Además de la salud, es la Renta Básica o Ingreso Mínimo Vital, que son políticas públicas que existen en Europa, Estados Unidos y ahora en la pandemia se implementaron en varios países del mundo. En Colombia se dio la necesidad de pasar de una propuesta de renta básica de emergencia a una permanente por el tamaño y la profundidad de la pobreza: el 43% de los colombianos son pobres. Y 17 millones de personas sobreviven en condiciones de hambre, de los cuales 6 millones solo tienen una comida al día. Esto es una tragedia sanitaria y social enorme, en el sentido de la inseguridad alimentaria a la que están sometidos esos ciudadanos en el país. Y eso requiere una política más permanente, porque vimos que la emergencia iba a ser insuficiente por el nivel de pobreza y el estado basal en el que se encuentra Colombia, donde hay millones de ciudadanos que viven con menos de 300.000 COP (pesos colombianos) al mes (un peso colombiano equivale a 0,00023 euros; 300.000 COP, a 70,39 €). Y en esa situación de pobreza hay más de 10 millones de colombianos.

Además en el libro hay una propuesta sobre el tema agrario, campesino y de soberanía alimentaria, fundamental para este país. Si Colombia no resuelve ese problema de su soberanía alimentaria ni el del campo, no va a resolver el problema de la economía en términos de la agroindustrialización del campo, que es uno de los elementos centrales de cualquier política económica.

También hay otra propuesta relativa al medio ambiente. Y sobre la reforma tributaria que requiere Colombia, donde se propone acabar con las exenciones de impuestos a los grandes empresarios del país, porque son altísimas en Colombia. Y con esas exenciones de impuestos se podrían generar recursos nuevos y gravar sin afectar a las clases medias y populares, que nos darían aproximadamente 46 billones de pesos al año de recaudo extra. Se están desarrollando iniciativas de impuestos verdes, impuestos al carbono, para desincentivar la economía fósil, y otra de impuestos a las bebidas azucaradas, que son impuestos saludables. A ver si así logramos siquiera 60 billones de pesos de recaudo al año. Además, hay una propuesta para la reforma tributaria ligada al problema de la renta básica: cómo se financian estos ingresos mínimos, que no son regalos, son subsidios que pagamos los colombianos mediante impuestos. Son derechos fundamentales de poder vivir y subsistir. Eso no resuelve el problema del empleo. Por eso hay otra propuesta sobre el sistema pensional y empleo: un elemento central de la Seguridad Social.

¿En qué sentido estas propuestas fueron recibidas por el conjunto de partidos contendientes en las elecciones? ¿Por qué dices que sólo las incorporó el Pacto Histórico?

En la campaña y en el programa de Petro-Márquez se han tenido en consideración todas estas propuestas de la sociedad civil y los movimientos sociales: para ello realizaron tres cumbres sociales y políticas en el país. En esas cumbres se convocó a más de 4.500 líderes y lideresas, tanto del sector salud como campesino, el sector social, trabajador, para poder acotar y discutir varias de estas propuestas que se entregaron en un libro a las candidaturas, pero en sus fundamentos centrales fue acogido por la candidatura de Petro y Francia Márquez.

¿Cómo ha sido la interlocución dentro del Paro Nacional?

A diferencia de Chile, por ejemplo, en Colombia hay una sociedad civil y un movimiento social organizado. El Paro se hizo alrededor de las centrales sindicales, el sector organizado, y había otro sector más espontáneo que se denominó la Primera Línea. Muchos sectores alternativos se movilizaban de forma independiente, pero las centrales fueron las que desataron las grandes movilizaciones en Colombia, escuchando también al movimiento alternativo de las calles. Lograron nuclear algunas peticiones e inclusive elaboraron unos proyectos de ley para presentar en el Congreso de la República: unas iniciativas populares para ser tramitadas. A veces había discrepancias y tensiones, obviamente, entre ese sector organizado y el otro que era más espontáneo y emergente. Pero en general las peticiones eran las mismas, en términos de hacer una fuerte crítica y cuestionamiento al modelo económico-político excluyente que ha tenido el Gobierno de Iván Duque, y también los últimos gobiernos de este país.

Yo creo, sin temor a equivocarme, que el de Iván Duque es el peor Gobierno en la historia de Colombia

Sobre los feminicidios, transfeminicidios y la homofobia. ¿Qué iniciativas han tenido éxito o se han demostrado fracasadas para eliminar estas lacras?

Eso es un fenómeno que se ha hecho más visible por la emergencia de los movimientos feministas, de los movimientos contemporáneos, de las diversidades. Y políticas públicas en este Gobierno, dirigidas específicamente a eso, no hay. No hay ni siquiera políticas públicas dirigidas a asuntos acordados en este país dentro del marco del Acuerdo de Paz para la Protección de Líderes Sociales, el Acuerdo de Escazú, que no ha sido aprobado ni ha sido empujado por el Gobierno Nacional, inclusive no ha habido cumplimiento respecto a diversas políticas de sustitución de cultivos ilícitos de los campesinos para que no sean asesinados. Colombia aumentó todos sus niveles de violencia en estos cuatro años, aumentaron las disidencias de los grupos armados ilegales, los clanes asociados al narcotráfico y el paramilitarismo. Todo esto ha sido documentado por pares, la Fundación Paz y Reconciliación, que claramente mostró cómo este Gobierno aumentó la violencia a todos los niveles. La violencia acordada y la emergente. 

Manifestantes del Paro Nacional participan en una sentada en Bogotá, Colombia | Foto: Mireia López-Sánchez
Manifestantes del Paro Nacional participan en una sentada en Bogotá, Colombia | Foto: Mireia López-Sánchez

Cuenta atrás para el cambio político en Colombia

¿A qué te refieres cuando dices que “no hay país de América Latina más complejo que Colombia”?

La cosa ha llegado a un estar muy fea con la amenaza de muerte a Gustavo Petro. Es una vaca que hicieron entre políticos, uribistas, narcotraficantes y paramilitares para matarlo. A Petro le tocará ir por lo menos a algunos debates presidenciales, pero la campaña presencial ha quedado en manos de Francia Márquez, líder ambiental y candidata a la Vicepresidencia.

La expresión “hacer una vaca” se utiliza coloquialmente en Colombia para referir al hecho de reunir dinero entre varias personas a fin de acometer una actividad determinada o fin común. Notimérica apunta a que su origen está en el norte de México, a las zonas altas, donde los campesinos llevaban a las vacas de sus patrones para que pastaran. Aislados, cuando tenían hambre, debían sacrificar una vaca, pero para ello tenían que rendir cuentas al patrón y pagarle, entre todos, el precio de la misma.

 

Sobre las elecciones legislativas. Me comenta que antes, durante y después, con el conteo de votos, observó un cierto malestar social. El propio presidente Iván Duque, así como el expresidente Álvaro Uribe, el Registrador Nacional y otros candidatos, como el propio Rodolfo Hernández, afirmaron o llegaron a señalar que se había producido fraude.

No se había vivido una situación de estas desde los años 70 en Colombia. Después de la Constitución de 1991, en su vida republicana, jamás había ocurrido tal enrarecimiento del proceso electoral. Ha tenido bastantes dificultades demostradas: inclusive la del intento de alterar el calendario electoral mediante una declaratoria de fraude contraintuitiva, porque para hacer un fraude en el sistema electoral se tiene que tener el control de los poderes y de las instituciones. Y la máxima autoridad electoral está en manos del uribismo. La mayoría del Consejo Nacional Electoral, que es elegido por los partidos políticos, es de la derecha en Colombia: por eso es completamente contraintuitivo y no tiene ningún sustento expresar que desde la oposición se va a hacer un fraude cuando no maneja las instituciones.

Pero, además, en los tiempos de reconteo, el Pacto Histórico logró demostrar que había un error en el formulario 14, el cual había impedido la transmisión de los votos al Pacto Histórico en 29.000 mesas: unos 500.000 votos se estaban perdiendo, pero se recuperaron, lo que entregó otros tres curules más en el Senado de la República y se recuperó inclusive una curul en la Cámara de Representantes de Antioquia. Pero todo este proceso de escrutinio se surtió con el seguimiento de 5.000 jueces de la República, que son los garantes de la custodia en Colombia. La sorpresa que tuvimos es que el Centro Democrático seguía gritando “fraude” e inmediatamente el registrador respondió que había que hacer el reconteo de votos. Insisto: cuando ya se rompió la cadena de custodia de los mismos. Ahí sí podía haber un riesgo de fraude, en medio de la agitación que estaba provocando el uribismo. Así que, de no haberse reconocido el proceso electoral, y finalmente la Registraduría declinó pedir al Consejo Nacional Electoral el recuento de votos, se podía haber constituido en un golpe civil de Estado. El presidente Duque se dedicó a romper la división de poderes al desconocer unos escrutinios avalados por los jueces de la República, pidiendo algo ilegal para favorecer al partido de Gobierno. Generó mucha zozobra innecesaria en el sistema electoral colombiano.

¿Qué lectura hace de estos acontecimientos marcados por el fantasma del fraude electoral, pese a que la custodia de los votos reposa sobre los jueces?

Desde la sociedad civil hacemos una lectura de perspectiva política: se trata de una estrategia para desviar el debate público electoral hacia una supuesta ilegitimidad del Congreso de la República y eludir así la discusión sobre los problemas de los colombianos, en la que el Centro Democrático tiene todo para perder. El Gobierno de Iván Duque está en decadencia y generó una crisis social profunda sin precedentes en el país. Se entiende que hubo una pandemia, pero el manejo que le dio el Gobierno colombiano obtuvo muy malos resultados socioeconómicos. Por tanto, no le conviene al partido de Gobierno que haya un debate sobre los problemas del país. En algún momento de la campaña escaló en los temas de Seguridad Social, pero los temas de discusión son la salud y las pensiones, donde el Gobierno sale muy mal librado. Quieren correr la matriz de opinión hacia un inventado fraude y generar una discusión empantanada sobre la legitimidad del Congreso de la República, frente a un espectro político como la extrema derecha en Colombia, que no tiene ninguna bandera para ofrecerle al país porque ya no pueden insuflar miedo alrededor de las FARC. Como ya no hay FARC, tienen que generar otros referentes de emocionalidad, de miedo, para poner en jaque al país y sacar ventaja electoral, tratando de alterar el calendario electoral y arriesgando la institucionalidad democrática en Colombia.

Un hombre realiza una performance por la paz en las protestas del Paro Nacional en Bogotá, Colombia | Foto: Mireia López-Sánchez
Un hombre realiza una performance por la paz en las protestas del Paro Nacional en Bogotá, Colombia | Foto: Mireia López-Sánchez

¿Cómo interpretas los buenos resultados del Pacto Histórico?

Lo que vienen mostrando las encuestas se ha sostenido con los resultados: es el triunfo de Gustavo Petro, que pasa a la segunda vuelta con la derecha porque el centro político se desinfló por sus rencillas internas y no logró concretar un programa para los colombianos. En el proceso de las consultas sacan las votaciones más bajas y dentro de la consulta de la derecha gana Federico Gutiérrez, que repunta en expectativa de voto, y por eso parecía que estaba logrando unificar a la derecha. Lo que veo es una actitud defensiva de la derecha frente a unos resultados electorales importantes.

Si miras el mapa político electoral en Colombia verás que coinciden las zonas de protesta social del año pasado, del Paro Nacional, y el apoyo electoral al proyecto político del Pacto Histórico, progresista

En Antioquia, que tradicionalmente es del Centro Democrático, el Pacto Histórico logró sacar tres curules: eso nunca había pasado porque es la plaza del señor Álvaro Uribe Vélez. Esto ha sido muestra de que la izquierda que se mantiene en la punta del proceso electoral, en las encuestas y que podría ser una ganadora en primera vuelta, o también eventualmente en una segunda vuelta.

¿Cuáles han sido los temas clave de debate público en esta campaña y qué relación guardan con la realidad y con campañas electorales anteriores?

La derecha en Colombia siempre ha tratado de utilizar expresiones de miedo. En un momento fue las FARC; hace cuatro años fue el castrochavismo, que se utilizó en toda América Latina, y ahora están tratando de atizar el fantasma de la expropiación. Entonces, es un discurso trumpiano, libreteado, el que expresa Federico Gutiérrez, en el que se prepara en manejar dos o tres ideas fijas que repite incansablemente, sin que detrás de eso haya un contenido. Personaliza la discusión con Gustavo Petro, lo responsabiliza del Paro Nacional y atiza los miedos que generaron en un momento dado las infiltraciones de violentos, cuando el Paro fue mayoritariamente pacífico. Hubo infiltraciones de violentos que recibieron el rechazo de la sociedad civil organizada. El candidato del Centro Democrático, Fico, atiza esos miedos a la expropiación. Es un discurso inocuo, vacío de propuestas, sin ideas, pero muy orientado a posicionar una figura de miedo, que hasta ahora no ha calado. Recientemente, la Corte Constitucional despenalizó de manera parcial el aborto. En ese momento el uribismo intentó atizar el moralismo frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero la sociedad colombiana no le respondió.

A tu juicio, ¿por qué no responde a esos miedos la sociedad colombiana?

Porque la ciudadanía colombiana está sumida en una profunda crisis socioeconómica. Los ciudadanos colombianos más golpeados desde la perspectiva económica y social tienen un aprendizaje y están esperando propuestas concretas para solucionar el problema del hambre en Colombia, para solucionar el problema de los ingresos y las pensiones, el problema de la soberanía alimentaria, y del acceso a los servicios de salud. Son problemáticas que no resolvió este Gobierno y que, de hecho, profundizó.

Un hombre escribe con tiza en el suelo de la Plaza Bolívar, en Bogotá (Colombia) durante la protesta del Paro Nacional | Foto: Mireia López-Sánchez
Un hombre escribe con tiza en el suelo de la Plaza Bolívar, en Bogotá (Colombia) durante la protesta del Paro Nacional | Foto: Mireia López-Sánchez

Hablas de un discurso trumpista… ¿Se han dado campañas de desinformación en redes sociales o en medios de comunicación?

Hace semanas la estrategia de la gran prensa colombiana se demostró bastante sofisticada. El único candidato que está haciendo propuestas es Gustavo Petro y la prensa llamó a una serie de expertos para desacreditarlas, desprestigiarlas y estimarlas "inviables". Pero estos expertos eran los ideólogos del neoliberalismo, justamente del tipo de propuestas que tienen que ser superadas en Colombia. Por ejemplo, el vocero de Asofondos, que es el encargado de los fondos privados de pensiones y que representa a los grupos económicos del sector financiero. En el caso de la salud, por ejemplo, existen unas intermediarias cuyos dueños son los bancos, el Grupo Empresarial Antioqueño. Lo que hace la gran prensa es entrevistar a un grupo de expertos que son en realidad ideólogos de este tipo de pensamiento y con eso concluyen que la propuesta de Petro es inviable, que es un demagogo, que es un populista y, por supuesto, generó una matriz mediática adversa.

Mientras, a los demás candidatos no se les escucha ninguna propuesta, nadie hace un cuestionamiento, sino que todo es volcado contra el candidato del Pacto Histórico

Desde la sociedad civil organizada generamos una serie de hilos y pedagogía para poder aclarar, porque estaban generando pánico alrededor de propuestas alternativas de salud. Decían a los pacientes que si se acaban estas intermediarias se les van a quitar las enfermedades de alto costo, que no iba a haber quien las pagase, generando confusiones en la diferenciación entre un intermediario y un hospital y una clínica, con personas que aparecen como expertos y dicen imprecisiones, con una matriz de opinión, de populismo y demagogia frente a cualquier propuesta alternativa al modelo actual.

El proceso electoral de Colombia en clave regional

Académicos de Ciencias Sociales han planteado que en 2016 comenzó a agotarse el giro a la izquierda, dando inicio a otro ciclo político marcado por Gobiernos de derechas en la región. ¿Está Colombia virando, tras constatarse la tendencia creciente de la coalición del Pacto Histórico en las legislativas? Sumado a la reciente asunción de la Presidencia por parte de Gabriel Boric en Chile, y la tendencia al alza del expresidente Lula da Silva en las encuestas de cara a los comicios en Brasil, ¿cómo interpreta estos cambios en América Latina?

América Latina tuvo una etapa de Gobierno de izquierdas, justamente cuando estuvo Rafael Correa, Lula da Silva, los Kirchner y Chávez. Cuando estuvo Evo Morales se lograron avances muy importantes en materia de protección social y de salto social de la pobreza. En Brasil hubo millones de ciudadanos que salieron de la pobreza y lo mismo en Argentina. Bolivia logró industrializar su país y Ecuador también. Eso fue muy importante, pero creo que hubo algo que estos Gobiernos no asumieron y les costó. Sobre todo en Uruguay, que es absolutamente claro.

Es como si la izquierda no hubiera entendido que el problema de la Fuerza Pública no es de la derecha. La izquierda tiene que saber cómo asumir sus relaciones con la Fuerza Pública

Eso costó. Inclusive hubo un golpe policial, que fue el que dio fin al Gobierno de Evo Morales. En Brasil el fenómeno fue un tanto distinto, pero también fue un golpe de Estado, de alguna manera, contra Dilma Rousseff. Y en Uruguay, sectores políticos asociados a la Fuerza Pública lograron derrotar al Frente Amplio. El segundo error de la izquierda es el replanteamiento de la economía extractivista. La economía extractivista no fue planteada por esos Gobiernos: muchos de ellos se mantuvieron sobre el petróleo y sobre la economía fósil. Además de no replantearse tocar a sectores muy poderosos con reformas tributarias para gravar a los sectores financieros y bancarios de este país. Y creemos que se avanzó de manera muy incipiente en una integración latinoamericana.

Esa integración latinoamericana no logró tener arraigo en los países: Unasur... Todos estos organismos multilaterales se quedaron casi en la cabeza de los presidentes del momento. No lograron la constitución de un Parlamento latinoamericano

Llegó la derecha y acabó con todas estas estructuras de integración. Y evidentemente volvió a afincarse aquí, con muy mala suerte, porque el modelo neoliberal hizo aguas. La derecha manejó de una manera bastante cuestionable la pandemia. Los resultados de Perú son terribles, las mortalidades son altísimas con el manejo que hicieron de la pandemia. Los resultados de Colombia y de Brasil, con el negacionismo de Duque, inicialmente, y con el cinismo de Bolsonaro, la ciudadanía se dio cuenta que tampoco esa era la respuesta. El ejemplo central fue Chile, donde la movilización social y el salto a la Constituyente chilena se dio por la vía de una contradicción popular grandísima contra el neoliberal, expresado en una política pública, que es la más sensible en Chile, que son los fondos privados de pensiones y el empobrecimiento que esto está generando sobre la ciudadanía chilena. Lo que denota eso es un fracaso del modelo neoliberal en el mundo entero, que es el que agencia la derecha en América Latina. Sobre eso viene la emergencia de estos nuevos Gobiernos de izquierda, que a mi juicio, tienen que ocuparse de un proyecto de economía no extractivista.

América Latina tiene que pensar su proceso de industrialización sin el extractivismo y eso lo simboliza muy bien en Colombia Francia Márquez, Premio Nobel alternativo a la lucha medioambiental

Pero aparte de eso, la izquierda latinoamericana debe superar el neoliberalismo, debe hacer una transición democrática hacia la supresión del neoliberalismo en sus diferentes fases. Y eso va a implicar una reforma específica, que tiene que ver con el sector bancario en América Latina, con un poder impresionante, que no genera empleo y que acapara recursos de los Estados y las naciones de manera inmensa, exagerada. Y el otro punto es la Fuerza Pública. En Colombia es muy importante el tema de la fuerza pública, porque tú no puedes sostener un Ejército donde hay una connivencia de un sector del Ejército -no de todos- con el narcotráfico, con la ilegalidad. Y eso, digamos, tiene que generar un conjunto de reformas donde esa parte del Ejército, que es honorable, sea quien conduzca las filas. Esto es fundamental en términos del respeto de la protesta social, en términos de la garantía de la división de poderes, de la soberanía nacional. Son asuntos que también tienen que ser abordados en los demás países de América Latina.

El caso de Nicaragua es indefendible, porque es una dictadura. Hay matices entre Venezuela y Nicaragua. Es que Venezuela ha sido sujeto a un bloqueo económico que ha llevado a su pueblo a la hambruna

De llegar el Pacto Histórico a la Presidencia de la República, ¿qué puede o puede no cambiar en las relaciones de Colombia con países latinoamericanos considerados de izquierda, pero no democracias? Me refiero a Nicaragua, Cuba y a Venezuela, específicamente, con quien Colombia comparte una frontera tan porosa.

Lo primero que hay que decir es que la dirigencia del Pacto Histórico ha expresado su rechazo tanto al proceso nicaragüense como al venezolano. Quizás la principal crítica que hay en América Latina al proceso político venezolano viene de Colombia, y ha venido de Gustavo Petro, respecto a la crítica profunda de que Venezuela sostuvo todo su proyecto sobre una economía fósil, sobre el petróleo, con las consecuencias que tiene. Eso hace que no sea un referente para el progresismo colombiano. Pero además, francamente, el caso de Nicaragua es indefendible, porque es una dictadura. Las últimas elecciones en Nicaragua no tienen ningún respaldo ni manera alguna de conseguirlo por un pensamiento demócrata mínimamente liberal o inclusive progresista. Además, es inaceptable el tratamiento que en Nicaragua se le da a la oposición desde el punto de vista de cualquier izquierda: la persecución, los presos políticos, los exiliados, hacen que ese Gobierno no sea reconocido como un Gobierno democrático por la dirigencia alternativa colombiana y eso no tiene discusión y ambages. Lo mismo que la venezolana, aún teniendo unas diferencias con el nicaragüense. Es decir, hay matices entre Venezuela y Nicaragua.

¿Qué matices?

Es que Venezuela ha sido sujeto a un bloqueo económico. Y por supuesto, esto marca unas diferencias importantes en términos del comportamiento que tiene un Gobierno frente a un bloqueo económico que lleva a su pueblo a la hambruna.

Colombia está teniendo que importar insumos agropecuarios desde Europa, desde Rusia y Ucrania, por un manejo ideológico de Monómeros

Ahora, la relación que se ha planteado con Venezuela, con quien Colombia comparte esta importante frontera, es mantener las relaciones diplomáticas: no hacer lo que hizo el Gobierno de Duque, que fue reconocer al señor Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y esa presidencia no existe. Esto generó muchos problemas en Colombia, como el de la inseguridad alimentaria, porque entre Colombia y Venezuela había una empresa, Monómeros, productora de insumos agropecuarios. Pues bien, por la decisión de Duque de entregársela a Guaidó se perdió y hoy Colombia está teniendo que importar insumos agropecuarios desde Europa, desde Rusia y Ucrania, con unas consecuencias tremendas.

Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. se creó como empresa pública en 1967 por los presidentes Carlos Lleras Restrepo (Colombia) y Raúl Leoni (Venezuela), teniendo como socios mayoritarios al Instituto de Fomento Industrial, Ecopetrol y el Instituto Venezolano de Petroquímica. La empresa pública producía, transformaba materias primas y comercializaba fibras y resinas de nylon, fertilizantes y alimentos para animales en el marco del modelo económico de sustitución de importaciones. Sustentaba buena parte de la seguridad alimentaria de Colombia. En 2006, el presidente Álvaro Uribe puso Monómeros en oferta pública y el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, adquirió el 100%, convirtiéndose en una empresa venezolana con sede en Colombia. Con una gestión más que cuestionable y las sucesivas sanciones de la Administración de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro, la empresa fue perdiendo oxígeno y capacidad. Durante la crisis política venezolana, en 2019, la Asamblea Nacional (electa en 2015, de mayoría opositora) determinó que Nicolás Maduro usurpaba la Presidencia de la República, por lo que, según establece la Constitución, procedió a nombrar a Juan Guaidó presidente del Parlamento, como nuevo presidente interino. Esa función, encaminada a convocar elecciones libres, es por definición transitoria. Formó una especie de Gabinete de Gobierno, al que llamó “Centro de Gobierno” y nombró una nueva Junta Directiva para Monómeros, con sede en Barranquilla. Al recibir el reconocimiento de la comunidad internacional como presidente del país caribeño, Guaidó poseía el control de los activos venezolanos en el exterior, "protegidos por aliados", como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Para emplear dichos recursos precisa obtener licencia, como ocurrió con la adquisición de vacunas para Venezuela a través de Covax. Recientemente, tras conocerse casos de “manzanas podridas” y destituciones, Monómeros, como empresa estatal venezolana y filial de PDVSA, se declaró en quiebra para someterse a un plan de rescate de las autoridades colombianas. Actualmente, la Fiscalía General de Venezuela ha abierto una investigación a Guaidó por Monómeros al tiempo que ha rechazado la presencia en el país caribeño de la Corte Penal Internacional por la violación de DDHH. Después del quiebre de Monómeros, tanto Venezuela como Colombia sufren inseguridad alimentaria. Según la FAO, sufrir inseguridad alimentaria es “carecer de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de alimentos y/o a la falta de recursos para obtenerlos”.

El encarecimiento de los alimentos que se está dando es producto del desconocimiento y del manejo ideológico, no de jefe Estado, sino de jefe de secta y de partido político, que el presidente de este país ha hecho. Y con ello ha afectado la economía, las condiciones de bienestar de los ciudadanos de la frontera y el país entero, frente a esta situación de los insumos agropecuarios y la garantía de la producción nacional de alimentos.

Crisis sanitaria en Colombia: la vacunación, la pandemia y el derecho a la salud

¿Qué fallos han aflorado en el sistema de salud con la pandemia? En defensa de ese sistema, algunos sectores políticos y mediáticos alegan que una de sus bondades es que ha incrementado la cobertura sanitaria sobre el 90% de la población en estos más de dos años de pandemia.

Varios fallos estructurales. Lo primero es que la salud en Colombia se volvió un negocio de extracción de rentas públicas: es un sistema de financiación pública donde hay actores intermediarios extrayendo rentas públicas. Es opaco, sin sistemas de información. Hay un desfalco que ni siquiera se sabe de cuánto es, que va entre los 23 y los 50 millones de pesos. Y por lo opaco que es no se conocen las deudas entre los intermediarios, que llegaron a ser 200 en el país. Es un sistema inequitativo que deja fuera a las zonas dispersas y rurales de Colombia, donde tiene sus mayores índices de mortalidad: es más de cinco veces mayor en esas zonas, en niños, en maternidad, que en el resto del territorio. Este sistema de salud abandonó su vocación de Atención Primaria, su vocación preventiva y que niega servicios de manera permanente. Tiene más de 1 millón de quejas, peticiones y reclamos. Ha habido más de 200.000 tutelas al año, y por supuesto, esto hace que sea un sistema muy ineficiente.

¿Cómo han afectado esos fallos a los pueblos originarios y los resguardos indígenas? 

Las comunidades indígenas tienen su propio sistema de salud y esto se le respeta. Inclusive la CPS (Centros de Promoción de Salud), la intermediaria equivalente a la que tenemos en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y que realmente no es tal cosa, porque el sistema de salud en Colombia es muy raro, no es un sistema de aseguramiento privado: es un sistema de seguro público intermediado por privados. Las CPS son las mejor calificadas en funcionamiento: tienen su propio sistema de Atención Primaria en salud general. No son incluidas sus instituciones dentro de los ranking nacionales de atención a la población porque son manejados por ellos mismos. Habría que mirar, digamos, los indicadores que ellos tienen respecto al funcionamiento, pero sí sabemos que en los rankings de CPS, salen mejor evaluadas que la del sistema de intermediación en Colombia.

Sobre la compra y el acceso a las vacunas contra la covid-19 en Colombia. ¿En qué punto se encuentra, qué carencias tiene y quiénes están sufriendo más las desigualdades en este sentido?

La compra de vacunas en Colombia fue muy opaca, si bien sabemos que en el mundo entero las transnacionales farmacéuticas coaccionaron a los Estados con cláusulas de seguridad y de reserva para que no se informaran los precios.

En Colombia se desconoce completamente cualquier detalle sobre las compras de vacunas, sobre el manejo financiero, sobre los costos, los pagos al escribir a los hospitales, sobre la sostenibilidad financiera 

Además, Colombia apenas cumplió hace poco, a principios de mayo, la meta de vacunación que tenía prevista para el 31 de diciembre, que era tener el 70% de la población vacunada. Colombia tiene una mortalidad por covid-19 por millón de habitantes más alta que Chile. En Chile, hace mucho rato que se llegó al 90% de vacunación. Colombia, sin refuerzo, llegó apenas al 70% hace poco y solo en las grandes ciudades capitales, porque aún en los municipios pequeños y zonas dispersas y rurales están por debajo del 50%. Entonces, si se va a comparar la alta mortalidad de Colombia respecto a la tasa de vacunación, quedó muy rezagada. Y ya se levantó el tapabocas, ya se levantaron las medidas, ya se dio una sensación de normalidad. Y todo esto, en medio de la completa opacidad de las transacciones financieras que se hicieron para conseguir estas vacunas.

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