La estatua de Los constructores representa una escena de la época de la Conquista a través de cuatro personajes: dos españoles dictan con la cabeza alta y dos indios obedecen con la cabeza gacha. El sacerdote Fray Francisco Antonio de San Miguel tiene su mano mirando hacia arriba, como vanagloriado por el esfuerzo de los indígenas en la construcción de Morelia y su famoso acueducto para nutrir de agua la ciudad. Delante de él, un purépecha vestido corta un bloque de piedra. A la derecha del religioso se encuentra un ingeniero urbanista español, de nombre desconocido, que observa con planos en las manos a otro purépecha semidesnudo, encorvado, que carga una enorme losa sobre su espalda. Es uno de los relatos de la colonialidad que los pueblos originarios interpretan como racista, discriminatorio, ofensivo, símbolo de la subordinación, representación del esclavismo y un emblema del genocidio español. Una lectura que contrasta con la que hacen ciertas entidades oficiales de México, como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), o la Academia Nacional de Historia y Geografía, que han defendido su permanencia. Alegan que fue construida con el afán de “dar un lugar en la historia” y de “reconocer”, dicen, a las comunidades indígenas su papel como “constructores” del acueducto y la ciudad de Morelia. El artista y autor de la escultura en bronce, el moreliano José Luis Padilla Retana, comparte esta visión y se muestra convencido de que su obra “no ofende”. La Academia, en un comunicado, defendió que el sacerdote “aportó sus propios recursos” y que “no fueron dádivas”, sino “trabajo remunerado, como sucede actualmente”. Pero el CSIM lo tiene claro.
Esta lucha empezó antes que nosotros y no va a terminar con nosotros
Pavel Uliánov Guzmán cuenta que mucho antes de proceder al derribo, las comunidades agotaron la vía jurídica y administrativa para pedir a las autoridades municipales la supresión de la escultura: “No quisieron siquiera escucharnos ni recibirnos”. Solo a posteriori, con las estatuas en el suelo, el Ayuntamiento de Morelia claudicó y acordó con el CSIM la retirada del monumento, al entender que humilla a las comunidades indígenas.
Repensar la colonialidad y el estado de las cosas
¿Por qué eligieron el 14 de febrero del 2022 para derribar Los constructores?
Es una fecha especial para nosotros, con un contexto histórico importante. Este año 2022 se cumplen 500 años de la conquista en Michoacán. Y el 14 de febrero es el aniversario del último gobernante purépecha. Cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, algunos compañeros habían derrumbado el monumento al virrey Antonio de Mendoza. Entonces, con los 500 años de conquista en Michoacán, era ocasión de analizar y de recordar. Primero hicimos todo lo que teníamos que hacer administrativa y jurídicamente: se presentó la solicitud en tiempo y forma, se organizaron diálogos, debates, foros… Luego siguió un proceso, de más de un año y medio, donde hubo una consulta popular y peticiones por firmas en la que participaron desde Morelia 7 comunidades. Después, el Ayuntamiento de Morelia se cerró: ya no quiso ni siquiera escucharnos ni recibirnos. Y fue ahí donde las autoridades tradicionales indígenas (los jefes de tenencia, los comisariados, los jueces tradicionales y los consejos del Gobierno comunal) decidieron realizar la acción colectiva, después de que dieran por cerrado el diálogo. Es un tiempo propicio para analizar los discursos y los monumentos históricos: vamos a generar también debates historiográficos, debates culturales, precisamente, para poder tener nuestra propia visión de la historia.
¿Cómo interpreta el pueblo Purépecha la historia oficial de México?
Las comunidades originarias no son tomadas en cuenta en la historia de México. El pueblo Purépecha y los pueblos originarios de México han participado en todos los procesos sociales: de Michoacán y de la República. Pero no lo reconoce la historia oficial. Te voy a poner un ejemplo. Acá hubo unas rebeliones muy grandes, que se llamaron las rebeliones de Pátzcuaro, en 1766-1767, y ésta ha sido la rebelión más grande del pueblo Purépecha. Más de 200 comunidades se levantaron y se adelantaron a lo que después iba a ser la Independencia. Y esto tampoco lo han reconocido. Entonces, necesitamos recuperar nuestra historia. Es por esta idea que tenemos claro que la primera lucha, la madre de todas las luchas, es por el territorio. Después por la autonomía, con los sistemas de seguridad y de justicia, pero también por nuestra historia.
¿Saber más? Pavel Uliánov Guzmán escribió que "en las insurrecciones populares de Pátzcuaro (1766-1767) nació la consigna ¡Muera el Mal Gobierno!, lema del pueblo Purépecha”. Después la retomó "Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores" y, en los últimos tiempos, la recuperó “el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI)", entre otros movimientos sociales.
Para que los pueblos y comunidades logren el autogobierno en México, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), debe certificarlos como “poblaciones con usos y costumbres culturales y lingüísticas propios, ¿es así?¿En qué situación se encuentra? ¿Qué papel tiene el Estado en sus avances u obstáculos?
Es totalmente una contradicción. Por un lado, la táctica del Estado siempre es dividir a las comunidades, y una forma en que lo ha hecho ha sido a través de las decisiones populares de los partidos políticos. Aprendió que las comunidades toman las decisiones a través de las Asambleas Generales. Quiere desunir y terminar con esa organización. Y busca terminar con un idioma. Durante la segunda mitad del siglo pasado lo hizo a partir de políticas castellanizadoras. Los abuelos y otras personas nos contaban que no dejaban a los niños hablar en su idioma materno, los obligaban a hablar y leer en castellano. Y esto fue una política de Estado porque se trataba de mexicanizar al indio. Y esta política fue exportada a otros países desde congresos indigenistas: nos quitaron el idioma. Y ahora es totalmente contradictorio cómo el INPI, para reconocer una comunidad indígena, te dice que el 40% de tu población tiene que hablar una lengua indígena. El principal responsable de la desaparición de la lengua -y eso que se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna- es el Gobierno, es el Estado mexicano. Y ahora vuelve a violar los derechos de los pueblos originarios al decirles que, como el 40% de tu población no habla una lengua indígena, no te reconoce tu comunidad. Esto no nos permite acceder a planes, programas o proyectos del Gobierno, pero también supone un obstáculo para la autonomía. Ahora el INPI está pidiendo un nuevo requisito burocrático, que es que para que tú puedas acceder al Registro de Contribuyentes comunal tienes que llevar una constancia de tu propia comunidad indígena. Vuelven a transgredir los derechos: porque según los tratados internacionales, según la Constitución Federal y la Constitución de Michoacán, basta con que una comunidad se autoinscriba como una comunidad indígena. Además de que aquí, en Michoacán, pusieron a un funcionario que está totalmente en contra de las autonomías. Por eso acá ha habido tanta movilización contra el INPI: porque retrasa la entrega de constancias, un documento que puede tardar 15 días en ser entregado, lo están retrasando 4 o 5 meses. Es totalmente una política de Estado, que está en contra de las autonomías y quiere retrasarlas.
Es un tiempo propicio para analizar los discursos y los monumentos históricos: vamos a generar debates historiográficos y culturales para poder tener nuestra propia visión de la historia
En la desaparición de las lenguas maternas, también la iglesia ha jugado un papel importante, ¿no es así?
Sí, claro. Sobre todo durante la época de la colonia: se produjo una castellanización directa y la principal responsable fue la Iglesia. Ya después, en el siglo pasado, fue un proceso de castellanización indirecta. Pero sí, la Iglesia ha jugado un papel central para castellanizar y defender el status quo o defender el estado de las cosas. En muchas ocasiones, en movimientos y rebeliones, el que iba y se ponía en frente de las manifestaciones (alza el brazo como erigiendo una cruz) era el cura, el párroco y detenía las movilizaciones sociales y algunos les hacían caso y otros no. En las décadas de los 20, los 30, los 40 del siglo pasado, la iglesia fue el principal enemigo porque estaba en contra del reparto agrario: ellos tenían grandes extensiones de tierra. Entonces, efectivamente, son aliados de los Gobiernos.
Durante la segunda mitad del siglo pasado el Estado buscó terminar con las lenguas indígenas a partir de políticas castellanizadoras. Los abuelos nos contaban que no dejaban a los niños hablar en su idioma materno y esto fue una política de Estado porque se trataba de mexicanizar al indio
¿También en la actualidad?
Sí. Continúan con su mismo discurso: quieren canonizar a Vasco de Quiroga, que según la Iglesia católica vino a Michoacán a enseñar todos los oficios y realizó milagros. Y nosotros les decimos que no. Que los pueblos originarios ya manejaban todos los oficios: la cerámica, la metalurgia, la cestería… Todos los oficios. Lo que hizo Vasco de Quiroga fue venir a organizarlos, a hacer una nueva distribución social del trabajo a favor de la corona, lo cual permitía mayor concentración de la riqueza. Entonces, a fin de cuentas, también fue un instrumento de conquista y de saqueo a los pueblos originarios. Nosotros hemos pedido que no se canonice, y sigue la Iglesia con ese discurso porque fue “menos malo que otros conquistadores”. Pero a fin de cuentas es también un conquistador ideológico.
Los monocultivos están quitando a las comunidades su territorio. Multinacionales del aguacate, fresas, papa, que exportan a EEUU, a Europa y otras partes del mundo. Algunas tienen incluso sus propios paramilitares. Es un problema que está atravesando a todo el pueblo Purépecha
Sobre los pueblos como sujetos históricos, jurídicos y de conocimiento. Estamos viendo acontecimientos similares, con derribos de monumentos que ensalzan la figura de los colonizadores, en varios países de América Latina. ¿Lo entiende como un fenómeno? ¿Está el pueblo Purépecha tejiendo redes con otras comunidades originarias para compartir saberes y perspectivas de lucha?
Nosotros desafortunadamente tenemos muy poco contacto con compañeros de Bolivia y de Perú. Pero yo sí veo una constante: y es que todos nos estamos observando. Todos los pueblos y comunidades originarias estamos atentos a lo que hacen otros compañeros, incluso dándonos ánimos. Sí tenemos vínculos con compañeros Purépechas de Estados Unidos, y ellos son los que nos están informando, con las redes sociales o los medios de comunicación. Cuando nosotros empezamos el proceso de autonomía, los otros pueblos nos ayudaron y nos dieron consejos: siempre está esta interacción entre los pueblos y comunidades originarias. Creemos que es una época propicia para debatir las concepciones de historia. Y en las comunidades cada vez más hay historiadores, hay filósofos, hay juristas que se pueden enfrentar perfectamente a la Academia y a los debates. Pero sobre todo pueden recoger el conocimiento colectivo. Esa es una diferencia central: la visión de la historia que tienen las comunidades es colectiva y es lo que se recoge en las Asambleas Generales, o en las fogatas o en las decisiones comunales.
Lucha por los derechos fundamentales de los pueblos originarios
¿Qué tan común es la persecución de líderes sociales en México?
R. Es algo muy común; la violencia en México es un tema que es permanente: es el día a día. No solamente de los luchadores sociales, sino de los periodistas. Es algo cotidiano. Muchos compañeros han sido detenidos, reprimidos, desaparecidos. Periodistas también. Y dentro de esto los compañeros que se dedican a defender los derechos de las comunidades son permanentemente amenazados, criminalizados y desaparecidos.
¿Cómo describiría la trayectoria del CSIM y su experiencia de lucha colectiva en la defensa de los derechos de los pueblos?
En Michoacán la resistencia de los pueblos es muy antigua y han existido muchos procesos. Uno de ellos es por la defensa del territorio y de la tierra comunal. Desde el Consejo Superior Indígena de Michoacán (CSIM) ayudamos a que se restituya su territorio a muchas comunidades de la Meseta Purépecha, porque en el último siglo ha caído en manos de particulares, de transnacionales o del Gobierno Federal o municipal. Ayudamos a recuperar esos territorios, que tienen títulos que provienen de tiempos prehispánicos, precoloniales. Otra actividad del Consejo es lo que denominamos la autonomía del presupuesto directo: les luchamos a los ayuntamientos la parte de presupuesto conforme al número de habitantes de las comunidades y con esto buscamos subsanar las necesidades básicas. Porque muchas comunidades actualmente siguen sin servicios de agua potable, sin drenajes: ¡Sin las necesidades básicas! Entonces buscamos arrebatarles vía jurídica, vía organización social, vía política a los ayuntamientos presupuesto directo. Una tercera actividad es la búsqueda de la restitución de los sistemas de seguridad y de justicia ancestrales. Acá las comunidades se organizan mediante rondas comunales, que sirven para proteger a las comunidades originarias, y esto viene también de tiempos prehispánicos. Buscamos restablecer ese sistema. También hay jueces tradicionales que se encargan de resolver los problemas en las propias comunidades… El sistema de Justicia mexicano es muy corrupto: más del 98% de los casos nunca se resuelven, mientras que el sistema de Justicia de las comunidades resuelve por consenso, en la Asamblea General, los problemas de las comunidades. Otra actividad del CSIM es que buscamos que los pueblos originarios recuperen su cultura, su historia, su cosmovisión. Fue en este marco que se decidió retirar la escultura de Los constructores. Esta lucha empezó antes que nosotros y no va a terminar con nosotros.
¿A cuántas comunidades representa el CSIM? ¿Por qué y cómo escogieron el nombre del Consejo Supremo Indígena de Michoacán?
Son 65 comunidades distribuidas en las cuatro regiones Purépecha. Más o menos, para que se den una idea, abarcamos una sexta parte de lo que es el estado de Michoacán. Se le puso el nombre en la década de los 80 a petición de los compañeros de la comunidad Santa Fe de la Laguna, Ueamu ancestralmente, en honor a su lucha y en honor a Elpidio Domínguez, exguerrillero del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), reclutado precisamente por Amafer Guzmán. Elipidio Domínguez fundó el Consejo Supremo Purépecha para luchar por sus derechos colectivos. Las autoridades de Ueamu propusieron que se retomara este nombre y el esfuerzo organizativo.
¿Ha recibido amenazas por ser quien es y por luchar en favor de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios? ¿De quiénes?
Sí, claro. Hemos recibido amenazas del Gobierno, del gobernador en turno, de otras administraciones. También se han recibido amenazas de transnacionales o del crimen organizado. Incluso hemos tenido presos políticos: en varias ocasiones compañeros han sido detenidos y nos ha tocado movilizarnos. Las comunidades han respondido a través de la organización colectiva y la movilización: nos toca tomar seis, siete u ocho carreteras al mismo tiempo para poder exigir su liberación. Afortunadamente se ha logrado pero, históricamente, nosotros reclamamos que otros compañeros han sido reprimidos y asesinados por luchar por los derechos colectivos.
Su familia presentó una denuncia por hostigamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos). Cuéntenos, ¿en qué quedó?
Aún no ha salido el dictamen, estamos en espera. El hostigamiento comenzó en la década de los 70 del siglo pasado: mi tío y mi abuelo fueron luchadores sociales y algunos participaron en el Movimiento de Acción Revolucionaria de Michoacán, que fue un movimiento guerrillero. En esa época desapareció el Estado y el ejército mexicano. Se presentaron denuncias en todas las instancias locales, estatales y hoy estamos en el nivel internacional. Seguimos en espera de resolución aunque nos dijeron que salía en febrero. El Gobierno pidió que hubiera una… ¿cómo le llaman? (se pregunta): Una solución amistosa. Y la familia de Guzmán Cruz se negó totalmente, le ofrecían incluso dinero. Como no ha llegado la resolución en febrero estamos armando una manifestación allá en EEUU por la comunidad Purépecha. Realizaremos una campaña internacional y manifestaciones ahí, en la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio: en el marco del 48 aniversario de la detención y desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, que iniciaron el 20 de julio de 1947.
Los pueblos originarios, el Estado-nación y el Gobierno de México
¿Cómo describiría la violencia y la represión estatal, ya sea por la vía de la fuerza o por la vía burocrática, y su relación con la resistencia de los pueblos como sujetos históricos, jurídicos y de conocimiento?
El Estado mexicano tiene por lo menos dos brazos. Uno es la represión individual, de compañeros líderes por la represión masiva, así lo ha hecho en muchos tiempos y con muchas comunidades. Y el otro brazo que tiene es populista: que permite cierto movimiento de los derechos colectivos. Así es como ha actuado históricamente el Estado mexicano y también el Gobierno de Michoacán. Esto es precisamente lo que está pasando: por un lado, cuando así lo considera, reprime ante el empuje de los pueblos originarios, y por el otro realiza modificaciones administrativas para desfogar la lucha de las comunidades. Eso es lo que está sucediendo acá, en Michoacán. Por eso este descontento: porque con una mano reprime y con otra realiza reformas legislativas.
Sobre el colonialismo interno: ¿Dónde lo detectan y cómo tratan de superarlo? ¿Es esta batalla la que se está revelando en México por la necesidad de los pueblos originarios de que el Estado-nación reconozca su historia y sus cosmovisiones?
Primero hay una cuestión bastante material: se puede decir que es el primer objetivo de las comunidades. Acá, en Michoacán, muchas comunidades no tienen ni siquiera servicios básicos, no tienen ni siquiera agua potable. Esta es la primera preocupación y tratamos de superarla mediante presupuesto directo. Otro objetivo es la educación directa: nosotros buscamos que los pueblos y comunidades originarias tengan sus propios planes y programas.
Actualmente el Gobierno Mexicano no permite a los pueblos que tengan sus propios planes educativos, y esto quiere decir que no pueden rescatar su historia, su cultura, su cosmovisión
Y dentro de este nivel también nos tiene ocupados que los pueblos tengan sus propias universidades: que sean propuestas administradas y supervisadas por los pueblos y las comunidades. Hablamos de universidades y escuelas comunales, donde sea la propia comunidad la que pone y quita profesores, planes y programas. Además, así están haciendo otros compañeros en Ecuador, en Bolivia, y eso nos hace falta a nosotros porque es central para poder recuperar nuestra historia. También lo vemos acá, en México, en los compañeros de Oaxaca. Es necesario.
Los pueblos somos efectivamente sujetos históricos, sujetos jurídicos y sujetos de conocimiento
La bandera Purépecha, que está aquí (detrás de Pavel Uliánov Guzmán) indica una categoría central para el pueblo Purépecha, que es Juchari Uinapekua, que quiere decir “Nuestra fuerza”. Y nuestra fuerza es precisamente la unión para la resistencia y para la lucha. El objetivo del Estado mexicano es, específicamente, desunir, aislar, para así poder implementar de manera más efectiva sus políticas.
🐚 ¡Viva Juchári Uinápekua! 🟪🟦🟨🟩 pic.twitter.com/gyPkLUFwKe
— Pável Uliánov (@PavelUlianov) April 24, 2022
¿En qué sentido ha cambiado, si es que lo ha hecho, la situación de los pueblos originarios en México desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al Gobierno?
Ha cambiado muy poco, y esto es de acuerdo a las cifras oficiales. Si uno observa las propias cifras de las instancias que se encargan de contar la población y de medir la pobreza, ve que desde el inicio a la mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, los pueblos originarios continúan en pobreza, en la marginación: discriminados. Por eso nosotros pensamos que es una buena opción pelear por el presupuesto directo: porque no hay otro camino que le deje a las comunidades para tratar de resolver sus necesidades básicas. Ni el Gobierno federal, ni el Gobierno del estado ni los ayuntamientos asignan un presupuesto para la atención de los pueblos indígenas. Solamente quiero dar un ejemplo: en Michoacán, para atender a 500 comunidades indígenas, el Gobierno del estado destina una inversión de 24 millones a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y de esos 24, 17 se van en gasto corriente. O sea, queda muy poco capital para invertir. Para que se hagan una idea, el zoológico de Morelia tiene 40 millones, y los pueblos originarios tienen 24 para la atención. Y si nos vamos por índice de población, según el censo del INEGI, en Michoacán hay 150.000 personas que hablan una lengua indígena, y esto corresponde al 3,5% del total de la población. En pocas palabras, a los pueblos originarios, por su número de habitantes, lo que les toca son 1.800 millones, y no los miserables 24 millones de pesos que asigna el Gobierno de Michoacán. Igual pasa con los municipios y con el Estado Federal. Entonces, realmente, el Estado mexicano, con independencia del color que ocupe el Gobierno, no tiene como prioridad resarcir la deuda histórica que tiene con las comunidades. Porque es una deuda histórica la del Estado.
Territorios indígenas y extractivismo en México
En los medios de comunicación españoles ha trascendido notablemente el discurso de Andrés Manuel López Obrador a cuenta de su insistencia para pedirle al rey español que se disculpe con México y con los pueblos indígenas. El presidente mexicano lleva un tiempo presentando a los pueblos originarios como la "esencia" de una identidad nacional mexicana, cuando usted afirma que el Estado tiene como táctica dividir a las comunidades y pueblos originarios para que nada cambie. ¿Por qué tantas palabras y tan pocos hechos?
Efectivamente. Observamos por los medios de comunicación que pedían al Gobierno de España una disculpa por la Conquista y eso no es lo que nosotros pedimos. Lo estamos solicitando no a la corona española, sino al Estado mexicano. Porque nosotros contribuimos. Nuestros antepasados contribuyeron en la lucha por la Independencia: el 60% de los combatientes eran de los pueblos originarios. Durante la Revolución participaron en todas las grandes movilizaciones sociales. Y los pueblos originarios contribuyeron a la creación, formación, consolidación del Estado mexicano. Por eso le pedimos que resarza esa deuda histórica: la pobreza, la marginación, la discriminación de las comunidades originarias… Como discurso está bien, pero en la práctica buscamos que el Estado mexicano, con independencia del color del partido que se encuentre al mando, resarza esa deuda. Y eso va a pasar incluso después de nosotros. Vemos que en la práctica ni siquiera se ha aprobado una ley federal para reconocer los derechos de los pueblos originarios o para continuar con nuestros derechos. Esa es la historia, se quedó estancada. El presupuesto directo ni siquiera ha sido reconocido a nivel federal, se ha ganado a través de movilizaciones, de recursos jurídicos y de reformas locales. Sigue estancado. El problema central es exigirle al Estado mexicano, y es lo que vamos a hacer en los próximos meses con caravanas nacionales en todas las ciudades de México, para pedir un plan de justicia social para los pueblos originarios de Michoacán.
La primera lucha, la madre de todas las luchas, es por el territorio. Después por la autonomía, pero también por nuestra historia
El indigenismo. Vemos que el significado de este concepto se está manipulando a discreción. Hay quienes lo equiparan al comunismo. Pero quienes lo han vivido o hayan leído un poco sobre el tema, sabrán que se trataba, a grandes rasgos, de una política estatal encaminada a asimilar culturalmente a los pueblos indígenas. Para los que lo conocen este concepto, ¿cómo lo definiría? ¿Perduran las políticas indigenistas?
El indigenismo es precisamente, desde nuestro punto de vista, aplicar políticas públicas a las comunidades originarias de manera unilateral, sin respetar su cultura, su historia, sus derechos colectivos. Y eso es una práctica impuesta sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Nada tiene que ver con el comunismo: es ignorancia, por supuesto. Tiene que ver con una política de Estado unilateral. Nosotros pensamos que todas las políticas de Estado hacia los pueblos y comunidades originarias deben de ser consultadas. Deben realizarse de manera conjunta con los pueblos y comunidades: si no, va a continuar siendo indigenismo… Lo que actualmente sí existe. Porque el Estado mexicano decide desde el partido del poder y los escritorios burocráticos deciden desde las ciudades las políticas para las comunidades sin consulta previa que deben de ser realizada por las propias comunidades y no por el Estado. Deben ser consultas con todos los cánones internacionales y en base a los usos y costumbres, y en el idioma, de los pueblos originarios. Es el tema: pensamos que las comunidades tienen derecho a su propia autodeterminación política. También su propia autodeterminación económica, a través del presupuesto directo o de la creación de cooperativas comunales. También autodeterminación educativa, a través de la educación directa o la producción de universidades. Esto creemos que es lo que son los derechos de los pueblos originarios.
¿Qué impresión tiene del mensaje de Andrés Manuel López Obrador sobre “pausar” las relaciones de México con España? Lo justificó en la “promiscuidad económica” de “empresas españolas” en territorio mexicano. Y le pregunto, en relación a esto: ¿afecta la actividad empresarial española en México, cómo?
Es lo que hemos visto en los medios de comunicación. Sí vimos que maquinaba o pedía pausar las relaciones entre España y México, pero si el problema son las transnacionales en México, pues aquí es donde se les debe imponer sanciones por violar acuerdos y leyes. Por ejemplo, observamos y leíamos en los periódicos que estas empresas españolas acaban de dar energía para la Cadena Comercial Oxxo, que están por donde quiera en México. Convocó un debate público, pero en la práctica vemos que es una declaración política, porque no ha implementado ni la reforma energética en México, ni les ha puesto controles a las transnacionales. Es una cuestión únicamente mediática.
¿Y cómo describe la actividad de las multinacionales y su relación con los pueblos originarios en Michoacán?
Acá se está dando un proceso. No hay muchas minas en Michoacán, sólo en la costa, tampoco en los pueblos hay tantas minas. Por eso la injerencia de las internacionales mineras ha sido solamente en la costa. Entonces, sí hay injerencia de transnacionales efectivamente de varios países. Acá hay un problema muy grande con los monocultivos. Muchos monocultivos están quitando a las comunidades su territorio con prestaciones o contratos. Otras multinacionales del aguacate que exportan a EEUU, a Europa y a otras partes del mundo tienen controlados grandes territorios. O son siembras, por ejemplo, de berries (fresas), que se van a otros países. Que tienen incluso hasta sus propios grupos paramilitares para controlar territorios. O son empresas grandes de papa, que controlan grandes extensiones de comunidades y es un problema que hoy está, en concreto, atravesando a todo el pueblo Purépecha. No se ha logrado detener la deforestación, el saqueo de los bosques, pero sobre todo este monocultivo que viene arrasando mucho territorio de las comunidades.
Sobre los grupos paramilitares. ¿Algún caso que le venga a la memoria?
En la Cañada de los Once Pueblos hay varias empresas estadounidenses que tienen grupos para resguardar los berries. Recuerdo que algunos compañeros de la comunidad de Santo Tomás, hace un par de años, fueron asesinados por estos grupos. Actúan con la complacencia del Estado mexicano. Los compañeros se organizaron en la Asamblea General y expulsaron a esta transnacional, y esta se replegó hacia otras comunidades.
