"Se aplaza el juicio hasta el 20 de enero de 2023". Las palabras del auxiliar administrativo retumbaban en la sala de vistas de los juzgados de Princesa. "La jueza está de baja médica y no hay magistrado para celebrar la audiencia". Que la justicia en España era lenta lo pensábamos de antemano los 570 demandados que figurábamos en el acta; el tufo a letargo institucional nos llegó cuando tardaron dos años en notificarnos la demanda a todos. Pero la razón por la que retrasaban la audiencia nos la creíamos menos. Los rumores de que el juicio de los casi 600 becarios de la Carlos III se suspendería corrían desde hace una semana por los grupos de WhatsApp. Las razones eran variopintas, pero la que abrazamos en una suerte de consuelo desesperado era la creación de jurisprudencia.
La Tesorería de la Seguridad Social estaba demandando a la Universidad Carlos III de Madrid y a cientos de becarios por haber escondido durante años una relación laboral, o lo que es lo mismo, nos demandaban por haber sido falsos becarios. Pero algo similar pasaba en la Autónoma de Madrid, y si su caso se parecía en algo al nuestro, la justicia querría esperar a la resolución de aquel juicio para saber qué hacer con nosotros. El pasado 4 de abril, los becarios demandados salimos del Juzgado de lo Social Nº22 de Madrid y nos fuimos a casa sin mucho más que contar, al menos hasta 2023. Entre las aventuras de las páginas de mi historial laboral nunca pensé incluir un juicio mediático. Después de que el escándalo se publicara aquí, aquí y aquí, decidí contar mi experiencia y la de mis compañeros aquí porque se volvió imperativo que, entre tantas historias de periodistas de escritorio, alguien incluyera lo realmente importante: nuestras voces. En medio de conversaciones de la ministra de Trabajo para la creación de un Estatuto del colectivo, y pese a que se celebra Día Internacional del Becario, el fraude de los estudiantes en prácticas supone un tapón de más de 1.000 empleos anuales sin un horizonte muy esperanzador.
No todo es de achaque a las empresas, casi nada lo es, de hecho. Si las conversaciones sobre el estatuto del becario no vienen con una solución al paro juvenil, las medidas de Yolanda caerán en saco roto. Si no hay facilidad regulatoria para contratar jóvenes y en su lugar solo hay fuertes desincentivos, seguiremos de beca en beca. Ese ente regulador que se dice vulnerable ante las malas praxis de las corporaciones es el principal responsable de las dificultades en la inserción laboral y es tan consciente de esto que ha creado una válvula de escape, una excepción en el sistema, para que las empresas se puedan acoger a contratar trabajadores sin pagarles como tal. Pasamos años hipotecando tiempo y dinero con la promesa de que nos servirá para incorporarnos al mercado laboral. Lo que nadie nos dijo es que después de cuatro años de Grado aún no estamos listos y debemos matricularnos en cuanto Postgrado haya para poder seguir siendo becarios. Y es que estamos pagando másteres de 10.000 euros para ganar 300 al mes por unos cuantos meses. No es una nimiedad que el debate de las prácticas no laborales se abra ante la opinión pública, es la legitimación social de un grupo de personas que son la base de muchas empresas, es el reconocimiento de que existimos, muchos bajo el umbral de la pobreza. Si nos van a usar para encubrir una actividad productiva más vale que nos den derechos de productividad. Mientras tanto, mi currículum está lleno de nombres de gigantes del sector que estudiantes de primero de carrera envidiarían. Hemos dejado a un lado el afán por los euros - esa mala costumbre de comer y tener un techo - y el branding personal tuitero se ha vuelto nuestro principal objetivo de caza. ¿Soy pobre, pero has visto mi CV? Y es que cuando los jóvenes acabamos la Universidad no entramos al mercado laboral, entramos, algunos con demanda incluida, al mercado de becarios.