La campaña #exprésate pretende explicar la complejidad del ecosistema digital. Se erige sobre los principios de la Declaración de Salta de 2018, que admite que internet y las aplicaciones web han fomentado un ejercicio más abierto, diverso y plural de la libertad de expresión y de prensa. Sin embargo, al mismo tiempo, repara en que la revolución tecnológica ha generado también nuevas amenazas y formas de censura, y que estas provienen de actores tanto estatales como privados.
La Declaración de Salta indica que estos derechos inalienables peligran en la medida en que crece la desinformación, los ataques cibernéticos, la concentración empresarial sumada a la mala praxis o la regulación estatal sobre el flujo informativo.
La organización sin fines de lucro que preside la también directora del diario El País en su edición de Cali (Colombia), María Elvira Domínguez, está compuesta por más de 1.000 publicaciones y cadenas de periódicos de Iberoamérica y Norteamérica.
#Exprésate iniciará su labor de concienciación esclareciendo los principios de la Declaración, dirigidos a los usuarios, las empresas periodísticas y los gobiernos:
- 1) Garantizar la libre expresión y la libertad de prensa
- 2) Regular internet con el consenso de todos los actores y el objetivo de crear un espacio abierto, neutral y accesible
- 3) No penalizar la crítica, sobre todo en las cuestiones de interés público
- 4) Toda sanción que afecte a estos derechos deberá encajar con los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos
- 5) El control estatal en el espacio digital constituye censura previa
- 6) El Estado debe garantizar un espacio digital libre de violencia e investigar con prontitud los agravios a quienes informan
- 7) Los mecanismos estatales de vigilancia masiva vulneran las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos
- 8) La ley debe velar por el secreto profesional, el anonimato, así como permitir el uso de herramientas de cifrado
- 9) La eliminación de información de interés público atenta contra el derecho a la información y la memoria colectiva
- 10) La diseminación de desinformación por actores públicos y privados debe combatirse con políticas de alfabetización digital y la autorregulación de los intermediarios tecnológicos
- 11) Los gobiernos no deben atribuir responsabilidades legales contra quienes difunden la información de interés público
- 12) Las plataformas que configuran el espacio digital deben equilibrar la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como garantizar una competencia leal entre las empresas
- 13) Estas plataformas deben adoptar buenas prácticas a través de la protección de la privacidad de los usuarios y la transparencia y mejora en su política.
